Callense

La censura ejercida desde el poder político es una de las más corrosivas. Sus efectos perniciosos son tan evidentes que ningún gobernante se atrevería a reconocer que recurre a ella para proteger su imagen, ningún legislador que tal iniciativa de ley puede afectarla, ninguna jueza que una sentencia imaginativa la amenaza. Quizá por ello hoy en nuestro país la censura está adquiriendo nuevos rostros: ya no es sólo la llamada intimidatoria al director de un medio de comunicación, el súbito cierre de la llave presupuestal para negar publicidad o la horda de voces anónimas en las redes sociales, sino también un rico y grotesco repertorio de estrategias presuntamente judiciales para acallar la opinión adversa, la crítica, incluso la sabrosa burla ciudadana.